El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por unanimidad de los ministros, no dio la razón al Instituto Nacional Electoral (INE), y declaró válido el decreto presidencial que reduce los tiempos con los que los concesionarios privados de radio y televisión cubren en especie los llamados “tiempos fiscales”.
Sin entrar a mayor debate, los ministros de la Corte apoyaron la propuesta por unanimidad al considerar que el presidente no violó la Constitución en materia de cesión de tiempos al Estado mexicano.
En consecuencia, permanecerá vigente la reducción de 18 a 11 minutos diarios de tiempo que deben entregar los canales de televisión abierta y de 35 a 21 minutos para el caso de las estaciones de radio para promocionar los programas y acciones gubernamentales.
Así, los minutos que se reducen, multiplicados por el número de concesionarios privados, implican que 6,034 spots se dejarán de transmitir a nivel nacional para dichos fines.
Los ministros indicaron que la reducción de estos tiempos no perjudica al INE que combatía la disminución del lapso que tiene autorizado administrar para el desarrollo de sus actividades dentro y fuera de los tiempos electorales.
Señalaron que la constitución distingue entre tiempos fiscales para tiempos electorales y no electorales y que en los primeros se cuenta con una base constitucional de 48 minutos administrados por el INE.
Mientras que, cuando no se está en periodo electoral, se asignó un porcentaje de hasta el 12% de tiempos en radio y televisión para el Estado.
Además, según el decreto del 23 de abril de 2020, esta reducción no aplicará durante los periodos de precampaña, campaña y hasta el día de la jornada electoral.
Los ministros concluyeron que el decreto presidencial no viola el derecho a la información y libertad de expresión en perjuicio de la ciudadanía, como argumentó el INE.
Cabe recordar que esta reforma fue promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020, y aprobada por una mayoría de Morena y sus aliados legislativos en el Congreso, mediante la cual el Estado devolvió los tiempos oficiales a estaciones de radio y canales de televisión particulares.